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La participación ciudadana en Andalucía en 10 “tips”.

28/02/2018

Rafa Ayala. Consultor en modelos de Gobierno Abierto.

La Ley 7/2017 de 27 de diciembre de Participación Ciudadana de Andalucía (LPCA) se publicó el 5 de enero de 2018 en el BOJA (http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/4/BOJA18-004-00026-19-01_00127491.pdf). Nace como una ley fruto de un proceso largo de conformación y diálogo entre actores, instituciones públicos y organizaciones de la sociedad civil con un resultado meritorio que abre una nueva etapa en la política de participación ciudadana de una región tan influyente como la andaluza.

La LPCA establece en su exposición un marco legal “para el ejercicio de la participación ciudadana de manera real y efectiva, por la cual todos y todas puedan involucrarse en el desarrollo de las políticas públicas y de la acción de gobierno”. Configura, por tanto, la participación ciudadana como principio y como derecho, buscando que dicha participación desarrolle los “derechos democráticos de la ciudadanía y de los grupos en que se organiza por medio de los procesos, prácticas e instrumentos de democracia participativa que complementen y perfeccionen los derechos y las técnicas de la democracia representativa”. Veremos cómo lo intenta conseguir en diez tips o sugerencias sobre la nueva norma.

  1. Se termina con los intermediarios. La participación ciudadana podrá ser ejercida como ciudadano o a través de organizaciones sociales, tengan o no personalidad jurídica, siempre que se acredite la capacidad de obrar de sus representantes y estos residan en Andalucía. Es un paso fundamental porque la Ley, durante todo su articulado, recalca que todos podemos participar, que se abren los procesos participativos, con sus reglas lógicamente, pero que se finiquita el monopolio de facto de las organizaciones respecto a las personas y grupos de personas sin personalidad jurídica.
  2. El ámbito competencial de la Ley regula la actividad en políticas participativas de la Junta de Andalucía y de las entidades locales. Este hecho es importante porque la norma quiere que no solo la Administración autonómica se imbuya de la nueva política de participación ciudadana, sino que, los entes locales, dentro de su respectiva competencia, acojan la nueva ley como suya y sigan sus principios.
  3. Obligaciones rigurosas para las Administraciones públicas cuando realicen procesos de participación. Entre otras obligaciones nos encontramos: garantizar la participación de colectivos vulnerables, integrar la participación para que se ejerza tanto individual como colectivamente, impulsar la difusión y divulgación de los procesos, promoción de las tecnologías de información y comunicación en sedes electrónicas y web, apoyar los sistemas de votación electrónica…
  4. Nuevos procesos de participación, pero teniendo en cuenta los existentes. Es una constante en la Ley de no tirar por la borda las formas de participación anteriores a la Ley. No se trata de borrar de un plumazo legislativo lo anterior, ni extralimitarse competencialmente, la nueva Ley establece nuevas formas de participación, pero sin olvidar que en la legislación existente hay instrumentos de participación que funcionan y que seguirán sus propias reglas.
  5. Reglas comunes a los procesos. A) ¿Quién los inicia? Las Administraciones públicas siempre, o las entidades de participación cuando expresamente lo prevea la Ley. B) “Principio de participación negativo” si a los tres meses de la presentación de un proceso participativo por una entidad privada no se acuerda el inicio del proceso por la administración. C) Periodos inhábiles para convocar procesos participativos antes o desprendes de elecciones. D) Objeto de los procesos: seguimiento y evaluación de políticas públicas, elaboración de instrumentos de planificación, sobre asuntos presupuestarios (gasto), elaboración de leyes y reglamentos y prestación y evaluación de servicios públicos. E) Eficacia: no alterarán ni supondrán menoscabo de las potestades y competencias autonómicas y locales en la adopción de decisiones que les competen.
  6. Deliberación participativa. Es definida como el “contraste de argumentos y motivaciones expuestos en un debate público integrado en un procedimiento de decisión o de formulación o adopción de una política pública” en los siguientes asuntos: proposición, adopción, seguimiento y evaluación de las políticas públicas con singular impacto o relevancia o elaboración de instrumentos de planificación. En el caso de que la iniciativa sea por la ciudadanía se requerirán 20.000 firmas (ámbito autonómico) o las reglamentariamente establecidas (ámbito local). El acuerdo básico participativo es la resolución legal que establece las normas del proceso de deliberación participativa.
  7. Participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos. La Ley establece dos formas de abordar la participación ciudadana en los presupuestos. Varía si estamos en el ámbito de la comunidad autónoma o de una entidad local. En el caso primero, el autonómico, es la Consejería en su ámbito competencial quien puede realizar el proceso participativo. Cuando nos encontremos en la esfera local, esta modalidad pasa a denominarse presupuesto participativo y se regirá por sus normas y el resultado es la priorización sobre los gastos contemplados en un presupuesto.
  8. Procesos de participación ciudadana mediante consultas populares. Dirigidas a recabar la opinión de la ciudadanía sobre asuntos o políticas públicas, se dividen en las siguientes categorías: a) Encuestas, b) Audiencias públicas, c) Foros de participación, d) Paneles ciudadanos, e) Jurados ciudadanos y f) Las consultas participativas. Realmente, este instrumento, es el más potente y versátil de todo el texto legal. Fácil de utilizar y con efectos jurídicos limitados, puede ser una forma óptima para poder incordiar la participación en la sociedad andaluza.
  9. Procesos de participación ciudadana en la proposición de políticas públicas y elaboración de normas. Las personas o entidades públicas podrán proponer políticas públicas a la Junta y a las entidades locales. En el primer caso, se necesitarán 20.000 firmas, en el caso local, dependerá de su normativa. Para el supuesto de elaboración de normas (leyes y reglamentos), el derecho de las entidades y personas es doble. Primero a participar en los procesos de aprobación de normas y, en segundo lugar, a proponer propuestas de tramitación de iniciativas de carácter reglamentario. Finalmente, la participación en los procesos de elaboración de ordenanzas locales se realizará a través del órgano competente de la entidad local donde podrá acordar la realización de procesos de participación ciudadana para la elaboración de anteproyectos de ordenanzas y reglamentos locales. No olvidar la normativa sobre régimen común de las Administraciones públicas que rige a nivel nacional. Procesos de participación ciudadana en el seguimiento y evaluación de las políticas públicas y en la prestación de los servicios públicos de la Junta de Andalucía. La participación se realizará a través de los correspondientes órganos colegiados sectoriales de participación ciudadana.
  10. Régimen de las consultas participativas autonómicas y locales. Se configura como el instrumento de participación ciudadana que tiene por objeto el conocimiento de la opinión de un determinado sector o colectivo de la población que finaliza en una votación. Votación que no tiene un fin “referendario”. Pueden participar los mayores de 16 años. El ámbito territorial puede variar: por distritos, municipal, provincial o regional. Existirá un registro y la iniciativa puede ser publicada, ciudadana o instada por entidades de participación.
La participación ciudadana en Andalucía en 10 “tips”.
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