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La cultura de la transparencia ha tardado en llegar pero ha venido para quedarse.

05/09/2017

Aitana Mas. Directora General de Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana.

Vivimos una época en la que, en una España desbordada por la corrupción, hablar de financiación ilegal de partidos, nepotismo, pitufeos, prevaricación, malversación o desviación de caudales públicos, puertas giratorias, sobresueldos, sobrecostes, cajas B y a veces C… es el tema recurrente en cualquier tertulia familiar, televisiva o de bar. Tanto que, por momentos, nos hemos convertido en expertos y, casi sin darnos cuenta, algunos hasta lo han normalizado.

Como les pasó hace unos años a países como México, Chile o Georgia, España ha tenido que despertar del inmovilismo y la corrupción a golpe de desconfianza ciudadana. Y es por eso que partiendo de que la transparencia no es un fin en sí mismo sino una herramienta más para poder hacer de nuestras instituciones lugares amables, dialogantes y responsables, debemos empezar a construir una cultura basada en el gobierno abierto.

Y ante tal escenario desde el nuevo gobierno valenciano, formado en junio del 2015, se quiso dar un giro de 180° partiendo de una apuesta clara de reestructuración del propio gobierno: una conselleria más, la de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación. Esta fue la primera consejería de un gobierno autonómico que se creaba con la transparencia como pieza clave y protagonista de la misma y no como una dirección general relegada a un discreto segundo plano.

Desde ese momento y hasta ahora, muchas han sido las políticas en materia de gobierno abierto que hemos desarrollado para revertir la mala imagen de nuestra tierra y cortar de raíz dinámicas y malas prácticas asentadas en una administración ansiosa por volver a la normalidad.

Empezamos con lo que pudo parecer lo más sencillo y nunca lo fue: un código de buenas prácticas para los altos cargos, un potente portal de transparencia y de open data al que llamamos GvaOberta y la publicación de las agendas, los sueldos, las declaraciones de bienes, los curriculums, etc. de todos los políticos. Desarrollamos un programa para acercar las instituciones a la ciudadanía llamado Palaus Transparents que, a través de las visitas autónomas de las sedes del gobierno así como las de los órganos estatutarios permiten, aparte de conocer el patrimonio cultural, conocer de primera mano qué tareas políticas y administrativas que se ejecutan en esos edificios.

También hemos puesto en marcha una oficina que se encarga de analizar los posibles conflictos de intereses, así como de las compatibilidades de los altos cargos. En breve se aprobará una ley que regula los lobbies, estamos inmersos en la redacción de una nueva ley de participación ciudadana y fomento del asociacionismo y todo ello sin, además, olvidar otra pieza clave para cualquier gobierno, la formación de los y las empleados/as públicos/as de manera interadministrativa.

Pero sin lugar a dudas, si de algo estamos contentos y moderadamente orgullosos es de haber podido aprobar, después de más de un año y medio de duro trabajo, el reglamento que desarrolla nuestra Ley de Transparencia, la 2/2015. Un reglamento que iniciamos sin ningún tipo de precedente en España y que poco a poco fuimos estructurando de la mejor manera posible dada la falta de experiencia en la materia. Espero que el resto de comunidades autónomas, así como el propio gobierno del Estado mejoren con los suyos el trabajo que hemos hecho nosotros y así podamos avanzar de una manera más eficaz y eficiente.

No me cansaré de decir que la cultura de la transparencia ha tardado en llegar, pero definitivamente ha venido para quedarse.

La cultura de la transparencia ha tardado en llegar pero ha venido para quedarse.
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